Durante la Segunda Guerra Mundial México libró batallas en dos frentes: envió tropas para combatir a los ejércitos del Eje (formado por Alemania, Japón e Italia), y al mismo tiempo mantuvo bajo vigilancia especial a miles de japoneses y sus familias que vivían en el país.
Muchos fueron obligados a abandonar sus hogares y concentrarse en las ciudades de México y Guadalalajara, además que debieron reportar sus movimientos ante la Secretaría de Gobernación. Algunos incluso fueron encarcelados por varios años.
Es una historia que poco se conoce, y que ahora se revela en el libro La Guerra contra los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial.
Es el producto de varios años de investigación en archivos oficiales que recientemente fueron desclasificados, y que pone en claro los abusos que se cometieron contra inmigrantes japoneses y sus familias, explica a BBC Mundo el historiador Sergio Hernández Galindo, autor del libro.
Muchos de quienes fueron obligados a concentrarse eran ciudadanos mexicanos amparados por la Constitución del país.
"Fueron violados sus derechos elementales, no se les permitía moverse de un lado a otro, solamente con permiso. Hay una violación masiva de sus derechos como ciudadanos mexicanos", afirma Hernández Galindo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Activismo
En diciembre de 1941, cuando fue destruida la base naval de Pearl Harbor de Hawai, en México vivían unos 6.000 migrantes japoneses y sus familias.
Algunos tenían décadas de residir en el país, pues formaron parte de la primera oleada de inmigrantes que llegó a fines del siglo XIX. Otros habían nacido aquí, y la mayoría estaba completamente integrada a la sociedad mexicana.
En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos solicitó a varios países de América Latina que vigilara a los japoneses que residieran en sus territorios.
México accedió sin problemas. Antes que iniciaran las hostilidades en Europa y Asia, el país mantenía un intenso activismo diplomático y comercial con los adversarios del Eje.
De hecho, el gobierno mexicano ayudó a la repatriación y refugio de ciudadanos de naciones aliadas, aumentó la venta de petróleo crudo a Estados Unidos y reconoció abiertamente a las autoridades en el exilio de países como Francia y España.
Una de las primeras acciones fue remover a los japoneses que vivían en ciudades fronterizas con Estados Unidos, a quienes la Casa Blanca consideraba como enemigos potenciales, cuenta el historiador.
Pero las autoridades mexicanas hicieron lo mismo con inmigrantes que vivían en zonas lejanas a la frontera, como Oaxaca o Chiapas.
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En México, como en otros países de América Latina, había un clima social adverso a los migrantes de Alemania, Italia y Japón.
Los derechos de quienes habían optado por convertirse en ciudadanos fueron acotados, y en algunos casos se cancelaron las cartas de naturalización.
El congreso mexicano modificó algunas leyes, como el Código Penal, para crear el delito de espionaje y disolución social. Los hijos de inmigrantes japoneses que no demostraran haber nacido en el país fueron considerados "enemigos externos".
Los medios de comunicación y las organizaciones sindicales oficialistas contribuyeron a este clima anti inmigrante. Algunas incluso advirtieron que un desembarco de naves militares japonesas en México "no estaba descartado", según cuenta el libro de Hernández.
El joven Masao Imuro fue detenido por escribir una carta donde aseguraba que pondría una bomba en el Canal de Panamá, y asesinaría al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt.
Aunque se comprobó que el inmigrante no tenía forma alguna de cumplir sus deseos, fue encarcelado sin juicio durante siete años. Dejó la prisión en 1949.
Indemnización
¿Por qué abordar el tema, 67 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial?
Hernández Galindo reconoce un interés histórico, el dar a conocer una etapa de la vida mexicana de la que se conoce muy poco.
Pero también existe un elemento de reivindicación social. El gobierno de Estados Unidos indemnizó a miles de ciudadanos de origen japonés, que vivían en su territorio, por la violación de sus derechos humanos durante la guerra.
México no lo ha hecho. "El gobierno no les ha pedido disculpas al considerarlos enemigos por el sólo hecho de tener sangre japonesa", explica el historiador. "Tuvo una una perspectiva xenofóbica y racista".
Muchos fueron obligados a abandonar sus hogares y concentrarse en las ciudades de México y Guadalalajara, además que debieron reportar sus movimientos ante la Secretaría de Gobernación. Algunos incluso fueron encarcelados por varios años.
Es una historia que poco se conoce, y que ahora se revela en el libro La Guerra contra los japoneses en México durante la Segunda Guerra Mundial.
Es el producto de varios años de investigación en archivos oficiales que recientemente fueron desclasificados, y que pone en claro los abusos que se cometieron contra inmigrantes japoneses y sus familias, explica a BBC Mundo el historiador Sergio Hernández Galindo, autor del libro.
Muchos de quienes fueron obligados a concentrarse eran ciudadanos mexicanos amparados por la Constitución del país.
"Fueron violados sus derechos elementales, no se les permitía moverse de un lado a otro, solamente con permiso. Hay una violación masiva de sus derechos como ciudadanos mexicanos", afirma Hernández Galindo, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Activismo
En diciembre de 1941, cuando fue destruida la base naval de Pearl Harbor de Hawai, en México vivían unos 6.000 migrantes japoneses y sus familias.
Algunos tenían décadas de residir en el país, pues formaron parte de la primera oleada de inmigrantes que llegó a fines del siglo XIX. Otros habían nacido aquí, y la mayoría estaba completamente integrada a la sociedad mexicana.
En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos solicitó a varios países de América Latina que vigilara a los japoneses que residieran en sus territorios.
México accedió sin problemas. Antes que iniciaran las hostilidades en Europa y Asia, el país mantenía un intenso activismo diplomático y comercial con los adversarios del Eje.
De hecho, el gobierno mexicano ayudó a la repatriación y refugio de ciudadanos de naciones aliadas, aumentó la venta de petróleo crudo a Estados Unidos y reconoció abiertamente a las autoridades en el exilio de países como Francia y España.
Una de las primeras acciones fue remover a los japoneses que vivían en ciudades fronterizas con Estados Unidos, a quienes la Casa Blanca consideraba como enemigos potenciales, cuenta el historiador.
Pero las autoridades mexicanas hicieron lo mismo con inmigrantes que vivían en zonas lejanas a la frontera, como Oaxaca o Chiapas.
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En México, como en otros países de América Latina, había un clima social adverso a los migrantes de Alemania, Italia y Japón.
Los derechos de quienes habían optado por convertirse en ciudadanos fueron acotados, y en algunos casos se cancelaron las cartas de naturalización.
El congreso mexicano modificó algunas leyes, como el Código Penal, para crear el delito de espionaje y disolución social. Los hijos de inmigrantes japoneses que no demostraran haber nacido en el país fueron considerados "enemigos externos".
Los medios de comunicación y las organizaciones sindicales oficialistas contribuyeron a este clima anti inmigrante. Algunas incluso advirtieron que un desembarco de naves militares japonesas en México "no estaba descartado", según cuenta el libro de Hernández.
El joven Masao Imuro fue detenido por escribir una carta donde aseguraba que pondría una bomba en el Canal de Panamá, y asesinaría al presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt.
Aunque se comprobó que el inmigrante no tenía forma alguna de cumplir sus deseos, fue encarcelado sin juicio durante siete años. Dejó la prisión en 1949.
Indemnización
¿Por qué abordar el tema, 67 años después de concluida la Segunda Guerra Mundial?
Hernández Galindo reconoce un interés histórico, el dar a conocer una etapa de la vida mexicana de la que se conoce muy poco.
Pero también existe un elemento de reivindicación social. El gobierno de Estados Unidos indemnizó a miles de ciudadanos de origen japonés, que vivían en su territorio, por la violación de sus derechos humanos durante la guerra.
México no lo ha hecho. "El gobierno no les ha pedido disculpas al considerarlos enemigos por el sólo hecho de tener sangre japonesa", explica el historiador. "Tuvo una una perspectiva xenofóbica y racista".
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